Después de estudiar el documento durante una semana, el presidente, cuyo cargo es principalmente representativo, estampó su rúbrica sobre la primera ley del aborto que tiene este país, mayoritariamente católico, desde su fundación en 1921.
Durante este proceso, Higgins contó con la asistencia del Consejo de Estado, compuesto, entre otros, por ex primeros ministros, expresidentes y miembros de la judicatura. Todas las partes coincidieron en que la llamada Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo 2013 cumple con los contenidos de la Constitución, que defiende el derecho a la vida tanto de la madre como del no nacido.
En caso de duda respecto a su constitucionalidad, el presidente, un histórico del Partido Laborista, podría haber remitido el texto al Tribunal Supremo para someterlo a un examen, lo que hubiese demorado significativamente su entrada en vigor.
Desde ahora, la ley redactada por el Gobierno de coalición entre conservadores y laboristas permite el aborto cuando la vida de la madre corre un peligro "real y sustancial", lo que incluye también la amenaza de suicido.
Sus críticos, no obstante, consideran que es una de las más restrictivas de Europa, pues prohíbe, por ejemplo, la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando el feto sufre anormalidades.
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