Según nos recuerda un informe del despacho de abogados Jausas, los servicios de inspección de la Seguridad Social persiguen estas prácticas desde su regulación en el plan de acción de 2006 por lo que las empresas que las realizan, debido en su mayoría al desconocimiento de la legislación vigente, deben evitarlo a fin de no sufrir las consecuencias negativas que acarrean.
En el informe Las vacaciones de los trabajadores: respuestas a las cuestiones más frecuentes se explican algunas de las irregularidades que más cometen las empresas y que según el despacho de abogados, son "casi un problema sociocultural" en España, pues muchas empresas no ven que estén haciendo algo ilegal.
Además de las sanciones, que van desde los 6.251 euros por trabajador, la empresa se arriesga a que, si el trabajador reclama, "los tribunales reconozcan que no ha habido voluntad de finiquitar el contrato y que la antigüedad del trabajador se mantenga", advierten.
Por su parte, CCOO, UGT, y la patronal de la CEOE afirman que no tienen datos al respecto ni conocen casos de trabajadores que los hayan denunciado. El dato concreto de las empresas sancionadas por estos motivos tampoco se puede conocer por el Ministerio de Empleo, que explica que estos casos se incluyen en las estadísticas de infracciones laborales, que no diferencian este tipo específico de falta.
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