El Gobierno español nunca, hasta ahora, se había atrevido a reclamar internacionalmente la soberanía de las aguas de Gibraltar seguramente porque tiene todas las de perder.
La base del problema se encuentra principalmente en que el Gobierno de España lleva tratando de forma casi ancestral al Territorio Británico de Ultramar como una colonia.
El último desencuentro surgido entre ambos ejecutivos fue el pasado 24 de julio cuando el Peñón decidió lanzar bloques de hormigón al mar en unas aguas que las autoridades gibraltareñas han reclamado como propias. Desde este punto de vista, Gibraltar puede realizar esta tarea sin discusión, pero el problema surge cuando España no reconoce esta soberanía.
El conflicto por el control de las aguas gibraltareñas es tan antiguo como el Tratado de Utrecht de 1713 que es el único pacto que España puede utilizar para defender su forma de limitar la frontera del Peñón en el litoral.
Este tratado de principios del XVIII concedió la perpetuidad de la soberanía del territorio a la Corona británica. Sin embargo, casi tres siglos después, las autoridades españolas se agarran al clavo ardiendo por el que dicho Tratado no reconocía aguas jurisdiccionales, concepto que por aquel entonces ni existía y por el que se cedió al Gobierno británico únicamente la ciudad, el castillo y el puerto.
Para el Reino Unido esto no supone la mayor importancia ya que siempre han dado por hecho que cuando se entrega un territorio, la cesión de las aguas territoriales van en el lote. Y no van tan desencaminados.
Desde 1994, con la entrada en vigor de la llamada Constitución de los océanos -tratado aprobado en 1982 por la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM)- se consagra la idea de que "no existe costa seca", es decir, que cualquier territorio costero implica una proyección jurisdiccional sobre sus aguas adyacentes.
Sin embargo, el texto legal actual posee una "cláusula interpretativa unilateral" que España aprobó en 1997 a través de una disposición de la Ley 10/1977 por la que "el presente texto legal no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, entre las coronas de España y Gran Bretaña".
Reino Unido no aceptó esta interpretación española y estableció para el Peñón un mar jurisdiccional de tres millas, a pesar de que la CNUDM les otorga hasta doce a cada Estado.
Es por ello que el Gobierno español nunca ha acudido a la justicia para defender su soberanía. Las autoridades gibraltareñas, conocedoras de las leyes internacionales, acusan al Ejecutivo español de negarse a acudir al Tribunal Internacional de Justicia o al Tribunal para la Ley del Mar para discutir la jurisdicción de las aguas, porque tienen mucho que perder si la CNUDM se impone.
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No(
