Así, esta medida garantizará, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que no se bajen ni sean congeladas "nunca", aunque implique que ya no dependerán sólo de la inflación.
Éste es uno de los dos pilares del plan de reforma del sistema de pensiones. El otro es que el factor de sostenibilidad, que ajustará la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, será revisado cada cinco años y entrará en vigor en la primera nómina de 2019.
Así, a la hora de jubilarse se tendrá en cuenta la esperanza de vida y se multiplicará por un coeficiente corrector de esta. Además, sólo afectará a los futuros jubilados, no a los pensionistas actuales.
El plan del Ministerio de Empleo suaviza así de manera bastante significativa la propuesta de reforma que el comité de los doce expertos en la materia presentó el pasado junio, al Báñez atribuye la autoría de una de las modificaciones de las fórmulas de cálculo de las pensiones.
El Gobierno parece haber apostado por establecer un suelo mínimo en la revalorización. Así, ésta nunca pueda ser igual o inferior a cero y dejaría al último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el único que congeló los subsidios, en el ejercicio de 2011.
El problema es que el diseño de esta medida puede entrar en colisión con las exigencias de la Comisión Europea para suavizar los objetivos de déficit de España pues el comisario Ollie Rehn ha sido muy tajante al reclamar la total desindexación de las pensiones y los salarios a la inflación.
"El sistema de pensiones seguirá siendo público y seguirá siendo de reparto", afirmaba Báñez tras advertir de que está amenazado por "amenazas demográficas" y "amenazas económicas". No obstante, incidió en que el factor de sostenibilidad "no conlleva en ningún caso aumentar la edad de jubilación".
"Ante contribuciones iguales, los españoles de hoy y los de mañana recibirán prestaciones similares", concluía Báñez.
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