La supresión de las faltas que propone la reforma se traduce, en el caso de infracciones contra el patrimonio, en que todos los supuestos pasen a tener la consideración de delitos y se castiguen genéricamente con entre 6 y 18 meses de cárcel.
Para paliar los casos de poca entidad, la reforma establece como circunstancias atenuantes "el escaso valor de los bienes sustraídos y la situación económica de la víctima", en los cuales el juez impondrá una pena de multa de uno a tres meses (lo que significa un mínimo de 180 euros y un máximo de 36.000, pero que debe ajustarse a la cuantía de lo sustraído).
Nunca se considerarán de escasa gravedad los hurtos de bienes con valor superior a 1.000 euros.
Fuentes judiciales califican de "engendro" o de retrotraernos a la época preconstitucional esta reforma
La solución adoptada por el Gobierno al dar la consideración de delito a todas las faltas de hurto es monstruosa, ya que, aunque en los casos de poca entidad pueden tener igual sanción (las faltas estaban castigadas con pena de multa de uno a dos meses), puede provocar situaciones injustas por los antecedentes penales que acarrea el delito.
Pero eso no importa para Gallardón que ha hecho desaparecer el límite de los 400 euros, límite que se establecía en la legislación actual.
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No(
