La alcaldesa de Marbella, Angeles Muñoz, expresó este viernes, tras conocer el fallo, que la deuda originada en estos años, aparte de la pérdida patrimonial de la ciudad, fue de unos 600 millones de euros, pero actualmente el ayuntamiento tiene una deuda viva de 480 millones.
Ha afirmado que ya se ha abonado una parte importante del débito y que se ha renegociado otra parte, pero entiende que no deja de ser una deuda "descomunal" teniendo en cuenta que el presupuesto de Marbella está en torno a los 200 millones.
El tribunal que ha juzgado el caso ha expresado durante la lectura del fallo su deseo de que parte del dinero y los bienes decomisados durante el proceso reviertan precisamente en la localidad malagueña para que pueda pagar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
El presidente del tribunal, José Godino, se ha hecho "eco" del "deseo y esperanza de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero que por comiso se recaude en el proceso revierta en beneficio de la localidad", localidad que "por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelta, ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible".
Según el presidente del tribunal, "no es justo que, como consecuencia de los actos y conductas enjuiciadas, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social mientras el dinero y los bienes decomisados revierten en otras localidades distintas".
Por ello, el tribunal espera, "respetuosa y humildemente, que los bienes decomisados y el importe de las multas satisfechas sean utilizados para abonar las deudas con las entidades públicas reseñadas, salvo mejor criterio de la superioridad", ha señalado Godino.
De esta forma, el tribunal "recoge una aspiración que ha llegado incluso al Parlamento andaluz", ha afirmado el presidente del tribunal en alusión a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica el 14 de octubre de 2010.
La condena total establecida por la Audiencia de Málaga en el 'caso Malaya', el mayor macroproceso contra la corrupción urbanística celebrado nunca en España, ha ascendido a 130 años y 5 meses de cárcel, y una multa de 563,6 millones de euros (casi la mitad de la cual -240 millones- tendrá que abonar el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca).
La cifra devuelta es ridícula para lo que se pedía
Pese a la astronómica cifra, las penas han quedado muy por debajo de las solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que acusaba a 86 personas, para quienes pedía un total de 497 años de prisión y multa aproximada de 3.800 millones.
La esperada sentencia del caso Malaya, el saqueo premeditado y organizado del Ayuntamiento de Marbella, se conocía este viernes, tres años después de que comenzara el juicio y más de siete de que estallara el escándalo. Casi todos los acusados han sido encontrados culpables; sobre todo los más mediáticos y conocidos. Sin embargo, en general las penas impuestas han sido notablemente inferiores a las que solicitaba el fiscal.
El principal cerebro de la trama, Juan Antonio Roca ha sido condenado a 11 años de prisión y 240 millones de multa. El tribunal de la Audiencia Provincial de Málaga que ha dictado sentencia, considera probado que Roca, que se enfrentaba a una petición fiscal de 30 años de prisión, ha cometido los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto.
Aunque se le imputan dos delitos de cohecho pasivo para acto injusto, por los que se les ha impuesto sendas penas de 2 años y 1 año de prisión, el presidente de la Sala, José Godino, ha explicado que el segundo queda incluido en el primero de la misma naturaleza.
La hija y la mujer de Roca han quedado absueltas del delito que se les acusaba y únicamente su cuñado, Antonio Jimeno Jiménez, ha sido condenado a 3 años y 3 meses de prisión y multa de 1,2 millones de euros, por delito de blanqueo de capitales.
La sala también ha dictado sentencia para otros 83 procesados. Entre ellos, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido condenado a 2 años de cárcel y 16 de inhabilitación por los delitos de fraude y prevaricación. Muñoz, que se encuentra encarcelado por otra causa relacionada con el blanqueo de capitales, se enfrentaba en este procedimiento a una petición fiscal de 10 años de prisión.
La exteniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos también ha recibido su castigo: ha sido condenada hoy a 4 años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y alteración de precios de concurso. La Fiscalía pedía 12 años de cárcel para ella, que fue considerada el "azote" del fallecido Jesús Gil durante sus años de concejal del PSOE, partido del que fue expulsada en 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz.
Por su parte la sucesora de Muñoz, Marisol Yagüe, ha sido condenada a 6 años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo, alteración del precio de concursos.
La Fiscalía había solicitado una pena de 16 años de cárcel para Yagüe, que gobernó en Marbella entre 2003 y 2006, tras prosperar la moción de censura contra Julián Muñoz.
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