La sesión de este martes se iniciará con la lectura de las declaraciones por escrito realizadas por dichas autoridades. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Posada y Villalobos recibieron, cuando eran ministro de Agricultura y Sanidad, respectivamente, a Carlos Fabra, a finales de los años 90 y principios de los 2000 dentro de la ronda de gestiones con las que entonces presidente del PP castellonense pretendía agilizar la autorización administrativa del producto fitosanitario de un empresario amigo, que presuntamente le pagaba a cambio millones de pesetas.
El artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los ministros y al presidente del Congreso de los Diputados declarar por escrito cuando son llamados como testigos a un juicio por lo que pueden elegir no acudir físicamente a la vista, contrariamente a la obligación del resto de ciudadanos de a pie.
Celia Villalobos, que es vicepresidenta del Congreso, tiene reconocido el mismo privilegio como exministra, siempre que la declaración se refiera a asuntos conocidos en ejercicio del cargo.
Pero no sólo ellos quieren poner tierra de por medio con Fabra y su juicio tan largamente pospuesto. También los actuales diputados del PP Ruben Moreno -ex alto cargo de la Sanidad autonómica valenciana y estatal- y Esteban González Pons -vicesecretario general del PP nacional-, han optado por no acudir al llamamiento a ser testigos en el juicio, aunque en su caso, como sólo son diputados, se acogerán a su prerrogativa de declarar desde su despacho oficial.
Así, ambos se acogerán a la técnica puesta de moda por Rajoy y serán interrogados en la Sala de vistas de Castellón mediante videoconferencia.
Al presidente de la Diputación de Castellón, la Fiscalía quiere condenarlo a 13 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y delitos fiscales por lo que resulta lógico que ahora nadie se quiera juntar con él y ni siquiera hablar en el juicio en vivo y en directo.
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