El texto aprobado fija el marco general y los mecanismos de regulación, sin embargo, falta aún la reglamentación legal, lo que podría suponer de un año o dos de retraso, además de las cinco o seis leyes reglamentarias que no se esperan antes del segundo trimestre del próximo ejercicio.
Los más escépticos no creen que se recupere el gran coste que se ha invertido en la reforma hasta, por lo menos 2015. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ha dado a conocer una docena de dudas que están pendientes, de hecho ha reunido 1,7 millones de firmas para convocar una consulta popular, una cantidad más que suficiente según la Constitución, para frenar la reforma.
El Gobierno mexicano ha reiterado que la reforma energética “generará más riqueza y más empleos”, mientras el Estado seguirá manteniendo la propiedad “inalienable e imprescriptible” de los hidrocarburos del subsuelo.
Los mandatarios deberán enfrentarse al 48% de los mexicanos, casi la mitad de la población, quienes consideran perjudicial la participación del capital privado en la industria petrolera.
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