Los 13 magistrados han considerado ilegal el recorte de las pensiones incluido en los Presupuestos del próximo año por considerar que "viola el principio de confianza consagrado en la Constitución".
El Ejecutivo tenía previsto ahorrar 388 millones de euros, el 12% del total de la reducción del gasto, mediante el recorte del 10% en las pensiones superiores a 600 euros y la revisión del cálculo de estos pagos.
Por petición del presidente luso, Anibal Cavaco Silva, el Constitucional se ha pronunciado sobre la legalidad de la medida y, al igual que ya ocurriese con las cuentas del año precedente, ha fallado en contra de los recortes.
Los 13 magistrados han entendido, en una sentencia unánime, que el Gobierno no puede quitar a los pensionistas unos derechos adquiridos durante años y el presidente de la corte, Joaquim Sousa Ribeiro, ha explicado ante los periodistas que la revisión de las pensiones no puede ser entendida como un "impuesto".
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