Después de tres años de investigación, el Ministerio Público ha determinado que no existen antecedentes suficientes para continuar la indagación contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, ni contra las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de entonces.
La resolución ha sido revelada por el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, que aseguró en el Palacio de La Moneda que se "adoptó esa decisión de no perseverar, porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado".
"Se investigó la situación que todo el mundo sabe que ocurrió (el derrumbe) y el conocimiento de las querellas que se habían presentado, que tenían que ver con delitos de carácter funcionario", añadió Mella.
En contra de la decisión
Las protestas por esta decisión judicial no se han hecho esperar. El ex ministro de Minería, Laurence Golborne, quien coordinase el rescate, ha calificado de "increíble" la decisión y recordó que la empresa no había adoptado ninguna de las medidas de seguridad sugeridas con anterioridad por las autoridades.
Tanto la derecha como la izquierda chilenas se han mostrado contrariados a la decisión judicial. El diputado socialista, Luis Lemus, integrante de la Comisión de Minería de la Cámara, también ha expresado su pesar porque la investigación judicial se haya cerrado sin establecer responsabilidades, y llamó al ex ministro de Minería, Laurence Golborne, a no eludir sus responsabilidades.
"Lamentamos que después de tres años de investigación no se haya llegado a ningún resultado ni establecido responsabilidades de las instituciones o de las personas dueñas de la empresa que desarrollaba dicha faena", dijo Lemus a los medios de comunicación chilenos.
“Cuando investigamos este tema en la Cámara, pudimos determinar que habían responsabilidades de los servicios públicos aludidos, especialmente, Sernageomin, y responsabilidades de alguna manera de los dueños de la mina San José, por eso nos resulta lamentable este resultado"- señala el parlamentario.
Otro en calificar la decisión como "una muy mala noticia" ha sido el diputado de la Unión Demócrata Independiente, (UDI) Carlos Vilches. Y es que para él "cerrar un caso emblemático de la pequeña minería, en que 33 mineros estuvieron con riesgo de perder la vida por una mala administración que hicieron los dueños de la mina San José de la compañía minera San Esteban, es de una irresponsabilidad tremenda".
El legislador indicó que "la mala administración en esta mina, que es de alto riesgo y que técnicamente era muy difícil poder trabajarla, pero pese a esos antecedentes, la reabrieron después de estar cerrada”.
Entre las diversas querellas que se presentaron para esclarecer si existían responsabilidades penales hubo una de cuasidelito de homicidio presentada por la Municipalidad de Caldera, una localidad cercana al Yacimiento San José en donde se apuntaba a que la empresa y los funcionarios públicos que trabajaban en el Sernageomin habían dejado de cumplir diversas normativas de seguridad.
Durante la investigación, agentes de la PDI (Policía de Investigaciones) acudieron a las oficinas del Sernageomin, para conocer el extraño pasado del yacimiento, pues fue cerrado en 2007 y reabierto en 2008. Otro de los antecedentes que recopiló la fiscalía en los tres años de investigación fue el testimonio de los dos dueños de la mina, y de los mineros rescatados, para ver cuáles eran las condiciones de seguridad de la mina.
Cinco millones de dólares al Estado
El Consejo de Defensa del Estado ha acordado con la empresa San Esteban, dueña del Yacimiento San José, que debe pagar cinco millones de dólares al Estado, por los costos generados a raíz del rescate.
Por su parte, la abogada de los dueños de la minera San Esteban, Catherine Lathrop, ha indicado que "nosotros estamos súper conformes, sin perjuicio de que creemos que podemos llegar a una solución jurídica de mayor certeza. La decisión de no perseverar a la que arriba el Ministerio Público hoy, es una muestra clara de que efectivamente los dueños de la mina San José no habían cometido ningún delito"-señalaba su letrada.
"Esto también da certeza de que funcionan las instituciones. Es una causa bien polémica, que el Ministerio Público haya hecho una exhaustiva investigación nos deja conformes. Nosotros siempre hemos sostenido que si bien los 33 fue un lamentable accidente, (pero) es sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso", dijo Lathrop.
"Nuestros representados fueron víctimas de un lamentable hecho y digo víctimas porque ellos también se vieron sumamente perjudicados. Creemos que se está haciendo justicia y es una muestra de que las instituciones funcionan con independencia aunque muchas veces la gente no lo crea", añadió la abogada.
Hay que recordar que los mineros estuvieron atrapados desde el 5 de agosto hasta el 12 de octubre de 2010, cuando fueron sacados uno por uno. Más de 1.000 millones de personas siguieron en directo cómo la cápsula Fénix II, de 50 centímetros de diámetro, se introducía en las profundidades de la tierra durante casi 25 horas. Pero el caso, tras tres años de investigación se cierra sin culpables por muchas negligencias que hubiera en la explotación de esta mina.
Si (
No(
